Hace más de tres años que no se designa un nuevo procurador general y hoy el interino es Eduardo Casal quien ocupa el cargo, mientras resiste las acusaciones del oficialismo y del actual ministro de Justicia Martín Soria, que buscan modificar la ley del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, en medio de la convulsión política, Casal que tiene su trámite jubilatorio concluido y disponible, no dejará el cargo hasta que asuma su reemplazo bajo las condiciones que la actual ley exige. 

El fiscal, asumió en noviembre de 2017 cuando Alejandra Gils Carbó después de una licencia solicitada, anunció que ya no regresaría. Como Procurador interino aguarda que el Gobierno logre llegar a un acuerdo y designar en su cargo a alguien de forma permanente.

Por su parte, el oficialismo ya tiene postulante: Daniel Rafecas, y avanzó con una ley que fue aprobada en el Senado pero se resiste en Diputados, que intenta modificar la cantidad de votos para elegir a un nuevo procurador en la Cámara alta: se establece ahora que para su nombramiento se necesitará mayoría simple de votos. Se trata de 37 senadores, un número al que el Frente de Todos llega.

Otro cambio que se propone es que el mandato del procurador pasa a ser de cinco años con la posibilidad de un nuevo nombramiento consecutivo del mismo período.

Intimación de la ANSES

Eduardo Casal es uno de los 200 magistrados que recibieron en febrero una intimación de la ANSES para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo. La nota señalaba que si no lo hacían se procedería a rever el régimen con el que se jubilaron. Entre ellos figuran los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Taiano, y el juez de Casación Federal Eduardo Righi, entre otros.

Este sucedió en consonancia a lo que dispuso la ANSES a fines del 2020 cuando se puso en marcha la ley que modificó el régimen jubilatorio: ahora los miembros del Poder Judicial se jubilan a través del organismo y no por el Consejo de la Magistratura de la Nación.