Luego de un año dificilísimo desde lo económico, sanitario y social con la pandemia de Covid, varias tarifas comenzaron a actualizar sus precios para un 2021 que será clave. Desde el gobierno autorizaron un incremento en las cuotas de las empresas de medicina prepaga del 3,5% a partir de marzo. Los colegios privados subirán entre un 15% y 20% en el caso de los que reciben aporte estatal.

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires los taxis elevarán su costo un 44% en dos tramos: el primero en marzo y el otro en abril. El subte, con similar modalidad, ajustará su valor un 43% más. El pasaje pasará de $21 a $25,50 primero y finalmente a $30; mientras que para el Premetro será de $7,50 a $9,10, y luego a $10,70.

El costo para estacionar en la vía pública en la Ciudad pasará de $15 a $30 la hora y la Verificación Técnica Vehicular subirá de $1.838 a $2.665 para los autos y de $691 a $1.002 para las motos.

Toda la atención está puesta en cómo se resolverá la suba de los servicios públicos. El congelamiento en las tarifas de luz y gas lleva casi dos años, por lo que comenzará a aflojarse. Según trascendió desde el sector, en el caso del gas se está negociando con las empresas distribuidoras y transportadoras una recomposición que se traduciría en un aumento de entre 7% y 9% en las facturas.

A pesar de que desde el ejecutivo proyectan para este año una inflación del 29%, sectores privados aseguran que será del 50%. No solo los hogares se verán afectados por estas subas, sino que también deberán hacerle frente a los incrementos en alimentos que la industria ya está poniendo en marcha.

¿Qué pasa con las telecomunicaciones?

El gobierno ya autorizó un incremento en las tarifas de telefonía móvil del 2,5% que se le suma al ya efectuado en febrero que fue de un 7,5%.

En el caso de las servidoras de Internet solo podrán hacer ajustes que van desde el 5 a casi el 8% según el servicio que brinden. A raíz de que Cablevisión Fibertel emitió facturas durante los meses de enero, febrero y marzo con más aumento del previsto,  desde la Defensoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires advierten que los topes anunciados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) deben respetarse. Representantes del organismo aseguraron que en caso de incumplirse, las compañías tendrán que reintegrarle a los usuarios las diferencias que correspondan.

La compañía aplicó un incremento del 20% cuando, oficialmente, se había autorizado del 5 al 7,5 %. Las tensiones entre el grupo Telecom y el Gobierno comenzaron en agosto cuando Alberto Fernández firmó el decreto que declaró a la telefonía celular, la TV paga y el acceso a Internet como servicios esenciales. Acto seguido, desde la empresa declararon que la medida sumó incertidumbre al plan de inversiones de U$S 600 millones que tenían planificado para este año.

En enero, Telecom presentó una medida cautelar contra el decreto presidencial que declaró que los servicios de comunicaciones e internet son “de interés público”, pero fue rechazada. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa desestimó el planteo advirtiendo que el decreto de necesidad y urgencia respetó la normativa dispuesta para su sanción y convalidación.

Desde el Enacom consideraron que "no es un error” el excedente que aplicó Cablevisión en dos facturas y que van a sancionar a las prestadoras con toda la fuerza para que el usuario no sufra injusticias. "Se aplicarán todas las multas que se deban aplicar hasta tanto devuelvan la plata", aseguraron.

Cablevisión- Personal sigue incumpliendo la ley

Sin embargo, los usuarios de Cablevisión-Personal continúan teniendo que abonar el total de las facturas recibidas en enero, febrero y marzo y lo único que pueden hacer es el reclamo en la sección Trámites a distancia del sitio. Voceros del ente regulador insisten en decir que el grupo “sigue incumpliendo la ley” y reafirman su compromiso en revertir la situación: “estamos en constantes negociaciones”.

Alquileres: descongelamiento de precios y habilitación de desalojos

Desde el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat explicaron que la decisión se tomó en función a las nuevas herramientas que fueron apareciendo como la Ley de alquileres que sancionó el Congreso el año pasado. El inquilino que haya solicitado prórrogas durante la cuarentena  deberá abonar la deuda acumulada en 12 cuotas más el alquiler correspondiente. Fernando Muñoz, responsable del Programa de Defensoría del inquilino en la Defensoría del Pueblo porteña de la Ciudad de Buenos Aires dijo en Radio con Vos que "en el futuro inmediato va a haber sentencias de ejecución de desalojos y después una pelea muy fuerte por los precios".

Los nuevos ajustes en los precios quedarán determinados por la Ley de Alquileres y seguirán un índice de actualización anual de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor y a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.

También informaron que los contratos que se inscriban en AFIP podrán deducir Ganancias de allí. Otro beneficio de esta inscripción es el amparo que resultaría para aquellos inquilinos que tengan un contrato no registrado por los propietarios.